Derivado de las reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley de Transparencia, entre otras, se han implementado medidas más rigurosas en el cumplimiento de la declaración patrimonial de los servidores públicos, con finalidad de poder evaluar la evolución patrimonial al concluir el cargo encomendado.