Es un acto legal y administrativo que todos los servidores públicos están obligados a realizar al terminar su gestión pública. Su finalidad es informar sobre la situación en la que se encuentran los recursos humanos, financieros, bienes patrimoniales, cumplimiento de leyes y normas, así como los compromisos y metas. Es un acto que da certeza jurídica, delimitando las responsabilidades correspondientes.